Tomas de tierras en el noroeste argentino

Los derechos de propiedad están garantizados por la Constitución nacional. Su respeto constituye la base de la vigencia del Estado de Derecho y de la calidad de las instituciones. Son los pilares de toda sociedad que estimula el desarrollo económico y la generación de riqueza. Sin su existencia resulta imposible mejorar los niveles de vida y financiar un sistema que consolide la seguridad y la justicia. El Estado mantiene en ellos su función primaria y básica. Esta calidad institucional en cuanto a las garantías sobre la propiedad privada está erosionada hace tiempo en el noroeste de nuestro país, con problemas arcaicos, pero también nuevos. Contamos en esa estratégica zona con campos cuyos títulos se originan en las antiguas y coloniales mercedes reales de tierras cuyas sucesiones y la titularidad de los herederos no se regularizaron con el paso de las generaciones. Se suman a esta inaceptable situación registros de propiedad defectuosos que no coordinan su trabajo con el catastro y las direcciones de renta y, lamentablemente, no faltan escribamos inescrupulosos que se han prestado y se siguen prestando a facilitar usurpaciones de todo tipo. Las denuncias recientes de un directivo de una empresa propietaria de tierras en la frontera entre Salta y Santiago del Estero remiten a otra modalidad conocida en la jerga del monte como “los chimberos”, gente que entra en los campos para talar los bosques y vender la madera en mercados clandestinos. En algunos casos, incluso, intentan quedarse con la propiedad. Durante las campañas electorales, quienes manejan el chimbeo -palabra que deriva indirectamente del quechua, aunque ha pasado por una larga evolución cultural y semántica- se convierten en punteros en el monte. En esa propiedad ubicada en Salta, el cuatrerismo y la tala clandestina de bosques son moneda corriente, delitos cuya difusión la mayoría de las veces no trasciende las fronteras distritales, ya que en esas provincias ciertos temas suelen ser tan deliberada como nefastamente silenciados. La ampliación de la frontera agropecuaria iniciada en la última década del siglo pasado elevó de manera significativa el valor de los campos del norte de nuestro país, especialmente en zonas donde se registran suficientes lluvias como en gran parte de Santiago del Estero y de Salta. En ellas, y a pesar del impuesto adicional que significa el costo logístico por el abandono del ferrocarril y las rutas deterioradas, los productores han incrementado la producción agrícola. Hay tierras cuyo valor de multiplicó cien veces. Esto ha dado lugar a la aparición de grupos de usurpadores que aprovechan el déficit de calidad institucional de la región, como hemos señalado reiteradas veces en estas columnas. En algunos casos se trata de indiferencia, de la reiterada respuesta de falta de medios y de combustible por parte de las comisarías y de tramitaciones engorrosas y lentas en las sedes judiciales. Si a ello se le agregan los problemas ya señalados, como el defectuoso funcionamiento del registro de la propiedad y del catastro, es fácil deducir la vergonzosa ausencia del Estado en el cumplimiento de sus principales funciones. En tanto, cuantiosos recursos de la coparticipación federal recaudada en otras regiones del país y que subsidian el gasto público provincial se destinan a obras de escasa rentabilidad social, pero útiles para maquillar supuestos progresos como émulos de las ciudades de utilería que el príncipe Potemkin mostraba solía mostrar a los embajadores extranjeros. A esas carencias institucionales se agregan las complicidades de altos funcionarios de los tres poderes del Estado en la ilícita actividad de usurpar campos. Cuentan con organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), manejado desde el gobierno provincial, el que bajo la falsa consigna de proteger el territorio comunitario y rechazar los cercamientos o el avance del agronegocio, impone sus propias e ilegales reglas sobre la propiedad privada. Exministros y funcionarios de la justicia provincial han sido denunciados por prestarse a estos saqueos. El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, acusado de otros graves delitos en la entidad del fútbol argentino, también ha sido denunciado por apropiarse de numerosas hectáreas sobre la traza de la futura autopista entre Termas de Río Hondo y la ciudad de Santiago del Estero. Esta demostrado que el desarrollo económico se vincula directamente a la calidad institucional. Los feudos gobernantes en ese tipo de provincias siempre buscan responsables externos, como el gobierno nacional o los supuestos intereses de Buenos Aires, evadiendo así su propia responsabilidad en el caso. Es hora de que la impunidad cese. Sin instituciones sólidas es imposible salir del fondo del precipicio. Nota de OpinionSantiago del EsteroUsurpación