MADRID.– El decreto Maricarmen, impulsado por el gobierno español tras el sonado desalojo de la mujer de 87 años del departamento donde vivía en Madrid, tiene las horas contadas en el Congreso. Pese a las intensas negociaciones encabezadas por el Partido Socialista (PSOE), su aliado Junts per Catalunya hizo público su rechazo al texto y dejó a Pedro Sánchez al borde del precipicio. Referentes opositores y hasta ministros del gobierno manejan como una posibilidad concreta una convocatoria anticipada a elecciones que permita destrabar la situación política y, así, avanzar sobre políticas de Estado que puedan afrontar, en este caso, la crisis de la vivienda.“Este gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda. Los decretos que hemos presentado sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios, como hemos visto hoy con el caso de Macarena en Barcelona”, escribió anoche Sánchez en la red social X, cuando ya se había hecho público el rechazo de los conservadores catalanes a la propuesta que ellos mismos habían acordado con el socialismo. “Ha llegado la hora de la verdad”, cerró su mensaje Sánchez.Esa última frase alimentó especulaciones tanto dentro como fuera de La Moncloa. ¿Prepara Sánchez un adelanto electoral? Dentro del gabinete se baraja esa posibilidad e, incluso, se especula con la fecha del 29 de noviembre para el llamado a las urnas, tal como publicó el medio elDiario.es. Y explican que habría unanimidad dentro del PSOE para tomar esa decisión, que podría ser anunciada en las próximas horas.Desde el socialismo están convencidos de que, ante un escenario electoral adverso, que tiene al Partido Popular como máximo favorito, ésta es la mejor coyuntura posible. La crisis de la vivienda que desató un acampe en la Puerta del Sol podría ser el elemento que lleva esperando Sánchez para movilizar al electorado progresista a las urnas. Están convencidos de que, más allá del posicionamiento ideológico, hay una mayoría de los españoles que está a favor de la intervención del Estado en el mercado inmobiliario. Miriam Nogueras, portavoz del partido independentista catalán Junts per Catalunya, durante su discursoJAVIER SORIANO - AFPUna encuesta publicada hoy por el diario El País indica que el 67% de los consultados (incluyendo a más de la mitad de los votantes del Partido Popular y Vox) están a favor de la limitación de los precios de la vivienda. Esos números habrían terminado por animar a La Moncloa, que una semana atrás estaba arrinconada por la crisis migratoria en Ceuta.Algunos de sus aliados de izquierda, sin embargo, le pidieron a Sánchez que mantenga la calma. Desde el estrado, el diputado Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) pidió al presidente que actúe con “cabeza fría” en las próximas horas. “Que entiendan que esto no va de ser una ambulancia, sino que hay que entender que no tienen nada a su izquierda para poder sumar”, dijo. Se refiere a la reconfiguración de los partidos de izquierda, que preparaban una renovación -todavía inconclusa- para una elección a realizarse idealmente en 2027. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez (izq.), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (centro), y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la sesiónJAVIER SORIANO - AFPDesde el PP, líder de la oposición, no hicieron más que volver a reclamar lo que sostienen desde hace meses: un adelanto electoral. “Ni con decretos ni sin decretos se puede seguir así. Elecciones Ya”, publicó hoy el partido en su cuenta de X. “Si sus políticas hacen que cada día estemos peor, ¿no es momento de cambiar?”, cuestionó el diputado Bravo, vicepresidente del partido. Y recalcó: “Hacen falta más viviendas, no más intervencionismo”.Sánchez ha logrado por última vez aprobar el presupuesto, el termómetro para medir su apoyo parlamentario, en 2023. Desde ese momento el Estado prorroga la ley ante la falta de apoyo de las propuestas del Ejecutivo en el Congreso.Un acampe sin finLa crisis política por el acceso a la vivienda comenzó el sábado, cuando el Sindicato de Inquilinos decidió acampar en Sol, el centro de Madrid, como protesta por el desalojo de Maricarmen Abascal, que tuvo que dejar su casa cuando ya no pudo pagar el aumento del alquiler impuesto por un fondo de inversión. El colectivo permanece en un acampe multitudinario frente a la sede de gobierno de la Comunidad de Madrid.El gobierno socialista había reaccionado a la crisis desatada por el caso de Maricarmen con un paquete de medidas que llevó hoy al Congreso. Pero esas propuestas ya habían recibido críticas desde todo el arco ideológico, algunas por ser conservador y otras por intervencionista. El Sindicato de Inquilinos había cuestionado la división del paquete de medidas en dos decretos, lo que -indicaron- les dejaba “sobras” de una reforma de fondo para el acceso a la vivienda. Inquilinos y activistas por el derecho a la vivienda se concentran frente al Congreso de los Diputados en Madrid durante una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinos de MadridIgnacio Lopez Isasmendi - ZUMA Press Wire DPAEl primer decreto redactado en La Moncloa contenía las propuestas que más consenso generaba dentro de la alianza de gobierno y el segundo estaba integrado por las iniciativas más polémicas, todas impulsadas por Sumar, el principal aliado de izquierda del PSOE. Pero el gobierno no logró aprobar ni siquiera el primer decreto, que llevaba medidas “de mínima”, según el Sindicato de Inquilinos.El primer decreto incluía la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y el congelamiento del precio, un combo que es criticado por expertos porque podría contraer el mercado inmobiliario. El segundo decreto establecía, por ejemplo, que el propietario de un departamento deberá pagar una indemnización equivalente a 12 meses de la renta al inquilino en caso de que no quisiera renovar el contrato. Inquilinos y activistas por el derecho a la vivienda se concentran en un acampe frente al Congreso, en Madrid Ignacio Lopez Isasmendi - ZUMA Press Wire DPATras el rechazo al decreto, el Sindicato de Inquilinos anunciará en las próximas horas una huelga general en toda España para reclamar por la crisis de la vivienda. Todavía está por definir qué pasará con el acampe en Sol, que mantiene a miles de jóvenes en la calle. EspañaPedro Sánchez
Pedro Sánchez recibe un revés en el Congreso para su plan de vivienda y queda al borde del precipicio
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