Medida oficial | El gobierno publica las reglas del primer programa federal de vouchers escolares y pone a los estados ante una decisión clave

La administración de Donald Trump dio un paso clave para poner en marcha el primer programa federal de vouchers escolares de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro publicó las normas que regularán el sistema, cuya implementación está prevista para el 1 de enero de 2027, y ahora los estados deberán decidir si se incorporan.El programa, llamado en inglés Education Freedom Tax Credit, fue creado a partir de la ley de impuestos y gastos aprobada por los republicanos el año pasado. Su mecanismo permite que los contribuyentes reciban un crédito fiscal del 100% por las donaciones que realicen a organizaciones que otorgan becas a las familias.Los gobernadores tienen hasta el 1 de enero para adherirse. Según las autoridades, 30 estados ya se sumaron, en su mayoría bajo gobiernos republicanos. Entre los estados que todavía deben definir su posición hay varios gobernados por demócratas.La decisión representa un dilema para esos funcionarios. Muchos se oponen a los vouchers porque consideran que pueden trasladar recursos públicos hacia escuelas privadas. Sin embargo, el nuevo programa se financia con fondos federales y también permite utilizar las ayudas para estudiantes de escuelas públicas.Quiénes podrán recibir las ayudasLas normas propuestas establecen límites de ingresos para acceder al beneficio. Podrán participar las familias cuyos ingresos sean inferiores al triple del ingreso medio de su zona, segun informó The Washington Post.Ese límite supera los 490.000 dólares anuales en Washington D. C. y alcanza los 337.000 dólares en Phoenix. Los funcionarios estiman que cerca del 96% de los niños de los estados participantes estarán dentro de los parámetros establecidos.Los fondos podrán utilizarse para pagar matrículas de escuelas privadas, pero también para gastos educativos de alumnos de escuelas públicas. Entre ellos aparecen las tutorías, los programas extracurriculares, los servicios de educación especial y los materiales escolares.Los estados no podrán establecer restricciones sobre los tipos de escuelas que reciben los fondos. Esto abre la posibilidad de que el dinero llegue a instituciones religiosas o a escuelas privadas que no cuenten con docentes certificados.Cómo funcionará el beneficioEl programa permite que los contribuyentes reciban un crédito fiscal por las donaciones realizadas a las organizaciones encargadas de las becas. El beneficio puede alcanzar los 1.700 dólares para contribuyentes individuales y los 3.400 dólares para matrimonios que presentan una declaración conjunta.La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que el programa supondrá una pérdida de 26.000 millones de dólares en ingresos federales durante una década.Las organizaciones que administren las becas deberán someterse a revisiones independientes de sus finanzas una vez por año. Además, habrá mecanismos para excluir a aquellas que no cumplan con las normas.El Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos calculan que podrían existir entre 600 y 700 organizaciones de este tipo para 2030, según The Washington Post.Críticas y apoyoEl programa generó posiciones enfrentadas. Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, pidió a los gobernadores que lo rechacen.“Esto es una píldora envenenada para el 90 por ciento de los niños estadounidenses que asisten a escuelas públicas”, afirmó.Nicole Pollock, presidenta de Demócratas por la Reforma Educativa, sostuvo una posición diferente y pidió a los líderes estatales incorporarse al sistema para conseguir recursos adicionales destinados a los estudiantes.La evidencia sobre los vouchers también presenta resultados diversos. Algunos estudios citados por los defensores encontraron efectos positivos en determinadas pruebas y en indicadores como la matriculación universitaria. Sin embargo, investigaciones de la última década sobre programas de mayor escala hallaron efectos nulos o incluso negativos en los resultados de las pruebas.Ahora comienza un período de 60 días para que el público presente comentarios sobre las normas propuestas. Después, los estados deberán definir si aceptan el nuevo programa federal.