La Justicia rechazó la oferta de $150 millones y Matías Morla irá a juicio por administración fraudulenta

La Justicia rechazó la oferta de 150 millones de pesos para los herederos de Diego Armado Maradona que había hecho el abogado Matías Morla, último apoderado y representante del astro mundial del fútbol, a cambio de suspender el juicio donde debe ser juzgado por defraudación por administración fraudulenta a propósito del uso de la marca “Maradona” y el destino de los millonarios ingresos de los negocios vinculados al nombre del Diez.“Finalmente, huelga señalar que la solución que aquí se adopta no importa anticipar una decisión sobre la titularidad definitiva de las acciones societarias y marcas, que ciertamente será materia de un futuro debate, sino considerar, con base en los hechos descriptos en las requisitorias de juicio y las cuestiones planteadas por las partes, que las propuestas de suspensión del proceso a prueba, tal como fueron formuladas, no ofrecen una respuesta suficientemente seria y concreta superadora del conflicto”, sostuvo el juez Juan Giúdice Bravo, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal porteño N° 17, al rechazar la probation pedida por Morla y otros imputados.La noticia fue bien recibida por los herederos del Diez, sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando, que en una audiencia celebrada el 28 de septiembre pasado se habían opuesto a la suspensión del juicio a prueba.“Estamos más que conformes. El fallo habla por sí solo. Está muy bien. Pedir la probation no es una joda”, afirmó a LA NACION el abogado Alfredo Huber, quien junto con su colega Diego Mayol representa en el expediente a Dalma y Gianinna Maradona.Diego Maradona y dos de sus hijas, Gianinna y DalmaSi bien, con la decision del magistrado, todo indica que la causa se encamina a la etapa de juicio, la defensa de Morla puede recurrir ante Casación.“En resumen, los ofrecimientos efectuados presentan una doble deficiencia. Por un lado, como dato concluyente, las propuestas no contienen ninguna medida destinada a abordar la situación de los activos societarios y marcarios cuya explotación se encuentra cuestionada. Y, por el otro, los montos propuestos no guardan, en las circunstancias particulares de cada caso, una relación razonable con las posibilidades económicas objetivamente verificables de los imputados ni con la entidad y características del perjuicio que constituye el objeto de la acusación. La consideración conjunta de ambos aspectos impide concluir que los imputados hayan formulado una propuesta seria y razonable de hacerse cargo del daño ‘en la medida de lo posible’”, sostuvo el juez Giúdice Bravo en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.Noticia en desarrolloPor Gabriel Di Nicola