El RIGI y el súper RIGI: la principal apuesta del Gobierno para captar inversiones, bajo análisis

La Argentina, durante la gestión de Javier Milei, apuesta fuerte a los regímenes de incentivos para atraer inversión. El RIGI, el Súper RIGI y el RIMI representan una jugada macroeconómica de envergadura ya que reducen impuestos, eliminan retenciones y flexibilizan el acceso a dólares, además de garantizar estabilidad por 30 años. Pero los cuantiosos anuncios de inversiones no disimulan un debate entre especialistas sobre si el país está ofreciendo mucho y exigiendo, en comparación, poco para las ventajas que concede este tipo de esquemas. En general, los expertos admiten y comprenden que el Gobierno busque “ganar tiempo” y acelerar inversiones, pero a la vez subrayan que algunas de las medidas profundizan desigualdades.A nivel mundial, los incentivos tributarios se multiplicaron durante la pandemia, canalizando alrededor de US$100.000 millones en inversión, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las ganancias de las empresas transnacionales rondaron 25% por estas diferenciaciones fiscales, mientras que las chinas ganan mercado mediante esquemas de apoyo estatal que permiten a sus empresas reducir costos hasta en 60%.En ese escenario competitivo, la Argentina arrastra una historia de cepos cambiarios, volatilidad regulatoria e incumplimientos contractuales. Así nació el RIGI, como un mecanismo acelerado para movilizar sectores como minería, gas y petróleo (hidrocarburos), energía, infraestructura, forestoindustria, turismo y siderurgia.El petróleo, el sector que lidera los desembolsos del RIGIFoto 4440 - ShutterstockAnte los reclamos de las pymes, llegó el RIMI como incentivo para micro, pequeñas y medianas inversiones y para el sector agropecuario (con características diferentes al RIGI). Y luego se sumó el Súper RIGI (que ya cuenta con media sanción de Diputados y pasó al Senado), enfocado en megaproyectos de nuevas industrias, infraestructura tecnológica, inteligencia artificial, digital y sectores “altamente estratégicos”.En el marco de su Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL), el Ieral de la Fundación Mediterránea califica al Súper RIGI como “otra isla en el océano de distorsiones” y, aunque reconoce que la Argentina necesita inversiones, apunta que la forma de conseguirla “no debería ser a través de nuevos regímenes de excepción cada vez más generosos para sectores específicos, sino mediante reformas generales que mejoren la competitividad de toda la economía". Osvaldo GiordanoMario SarEl texto precisa que un alza sustancial en la inversión es condición necesaria para “posibilitar un proceso de crecimiento sostenido” pero en paralelo sostiene que la creación de beneficios especiales para determinadas actividades puede “terminar profundizando las distorsiones existentes en lugar de resolverlas”. El presidente del Ieral, Osvaldo Giordano, plantea que la preocupación es que “la excepcionalidad se consolide como permanente. Si pasa eso, buena parte de la discusión pierde sentido. La esencia es mejorar la institucionalidad, a estos regímenes no hay que pedirles más de lo que pueden dar. El ruido es que, en vez de ampliarse el RIGI, aparezca un Súper RIGI”.Todas las fuentes consultadas por LA NACION comparten que la debilidad para atraer inversiones se asienta en la falta de previsibilidad de las reglas de juego. “Estos regímenes -insiste Giordano- surgen como un atajo para ir más rápido; la lógica es que los beneficios que se otorgan serán la regla. Como todo esquema especial tienen contras, como es el generar asimetrías”.Para Dante Sica, exministro de Producción y fundador de la consultora Abeceb, hay que evaluar a estos regímenes como componentes de una política productiva. “En el mundo tienden a ser factores de atracción de inversiones; países grandes como Estados Unidos lo hacen, por ejemplo, a través de políticas arancelarias que están en discusión en la Corte Suprema. En la Argentina, claramente, es generar condiciones para abrir una ventana de oportunidad en sectores donde hay una demanda internacional muy fuerte, como son los sectores agropecuario, minero, energía y servicios del conocimiento. Estos regímenes son un acelerador de ese proceso”.Diferentes evaluacionesSica recalca que hay que contextualizar los regímenes en una economía que, como la local, “no es una normal que tuvo una crisis; tiene un récord muy malo de inestabilidades, de violaciones de regímenes y de contratos, una justicia lenta”. Además, apunta que coinciden con un “cambio de régimen económico; se está pasando de uno basado en el consumo público y privado a uno que tendrá en la inversión y las exportaciones los principales motores. A uno más estable, más desregulado”. Para el economista, el RIGI o el Súper RIGI son un adelanto de la economía hacia la que va el país. Un dato “clave” que menciona es que los beneficios fiscales en minería igualan las condiciones existentes en Perú y Chile y que, además, permite al inversor determinar el ámbito donde litigar en el caso de tener que hacerlo.Diego CoatzSoledad AznarezEl economista Diego Coatz, presidente de la consultora I+D (Industria y Desarrollo), coincide con sus pares en los por qué de los regímenes especiales y los cataloga como “una política industrial de parche que necesita mover sectores que habrían demorado más en atraer inversiones”. Centra sus mayores críticas en el Súper RIGI el que, dice, tiene a su juicio un problema de diseño, “con muchos beneficios y pocas condicionalidades”. Sostiene que -a diferencia del RIGI- los proyectos que alcanza “todavía poco claros. Una cosa es una base espacial y otra, un data center”.También observa un “problema de timing” ya que a su criterio, antes de avanzar en este régimen hace falta un un “Súper RIGI para proveedores”. Fundamenta su comentario en que los proveedores vinculados al RIGI original no están creciendo, por lo que es clave “fortalecer el ecosistema” para generar “un hub productivo y exportador” alrededor de las grandes inversiones. En esa línea, Coatz señala que esas empresas afrontan una alta carga tributaria y les cuesta sostener el empleo: “Hay que mover las pymes que acompañan a los sectores dinámicos y también a las golpeadas. Ese sector industrial aporta 27% de la recaudación. El Súper RIGI termina diseñando dos Argentinas. Hay que tener las mismas políticas para el ecosistema del alrededor que para las grandes. Hay que armar una red como hicieron Australia, Canadá o Noruega”.Giordano coincide con ese punto: “Por todos los problemas que enfrentan esas empresas es que nacen estos regímenes, que se los resuelve a unos sí y a otros otro”. Una mirada diferente aporta Sica, quien señala que hay una “falencia analítica” de lo que es la dinámica de una economía de competencia. “Que en la Argentina no haya cadenas largas de producción es consecuencia de que el país no es estable. Si hay inestabilidad y cambios regulatorios, las inversiones son cortas y de rápido repago, lo que no nos permite insertarnos en el comercio global”.Por su parte,Luciano Villegas, investigador de la Fundación Libertad, cuestiona estos regímenes porque generan “distorsiones profundas”. Y plantea: ”Están ofreciendo estabilidad fiscal de 30 años a minería, energía e infraestructura, mientras excluye a la agricultura, que es el sector que lleva años generando divisas“. Coincide también es que el Gobierno busca “ganar tiempo” y completa: “Estos sistemas son atajos para garantizar a los inversores extranjeros una estabilidad que solo se puede ganar con el paso de los años, pero el país no puede esperar”.“¿Cuál sería la situación sin estos regímenes? -pregunta de manera retórica-. Sería peor. Los proyectos presentados superan los US$100.000 millones, pero en la cuestión práctica de impacto todavía no arrancó. En el mientras tanto no se deben postergar ni demorar las reformas tributarias, previsional y regulatoria en general”.Según la web oficial de Economía, los anuncios (entre aprobados y en evaluación) por el RIGI suman unos US$141.000 millones, que generarán entre empleos directos e indirectos unos 200.000 puestos. El economista Guido Zack, director de Economía de Fundar, detalla que en ejecución hay unos US$800 millones: “La diferencia responde a que permite comprometer grandes montos sin exigir cronogramas exigentes de inversión efectiva. El mínimo para entrar es 40% de los US$ 200 millones de base, con lo que las empresas ingresan para asegurarse reducción y estabilidad y acceso a dólares”.Villegas y Giordano afirman que para que se cumplan los proyectos se requiere de controles. “Cada régimen especial obliga al Estado a auditar condiciones particulares y a las empresas a demostrar que encuadran dentro de los requisitos establecidos. Para cumplir con ese requisito, se requiere capacidad”, grafica el presidente del Ieral.El think tank Fundar tampoco rechaza la existencia de los regímenes de incentivos. Sí plantea rediseños para vincular cada beneficio a objetivos verificables. Por ejemplo, propone condicionar las ventajas fiscales al cumplimiento de metas de exportación, integración de proveedores locales e inversión en I+D y establecer revisiones periódicas de los beneficios; fortalecer los mecanismos de transparencia; y recuperar instancias de resolución de controversias en tribunales argentinos antes de recurrir al arbitraje internacional.Zack enumera que buena parte de los proyectos que ingresaron al RIGI estaban anunciados antes de su existencia. “El caso más paradigmático es el upstream de Vaca Muerta que no se incluyó en 2024 porque el Gobierno afirmó que eran inversiones lo suficientemente rentables -analiza- Y, en febrero pasado, lo incluyeron sin explicar qué cambió. Si algo se modificó en el contexto, fue a favor de esas inversiones. Es decir, se incluyeron actividades que habrían estado de todos modos, con lo que se resignan recursos tributarios”.Reconfiguración del mapaA criterio de Zack, “no hay crecimiento a dos velocidades; se están configurando dos Argentinas. Hay una muy importante para generación de dólares pero no de empleo y otra en donde sucede lo inverso. Esa es la que tiene reglas de juego idénticas a las de tres años atrás y es a la que le está yendo mal. Es necesario equilibrar la cancha”. Respecto de regímenes existentes en Brasil y Chile, el economista apunta que se extienden por cinco y diez años, respectivamente. En el caso chileno, las empresas en vez de pagar un impuesto a las sociedades de 35%, pagan 42%. “La estabilidad cuesta”, añade y sostiene que, para inversiones en data center, el régimen chileno exige uso de energía renovable, garantizar la seguridad hídrica de la región y que 10% de la capacidad de procesamiento sea para el sistema de ciencia y técnica público y privado. “La Argentina tiene con qué negociar porque la Patagonia es fría, lo que reduce necesidad de refrigeración; también tiene capacidad de energía renovable, hay capacidad hídrica que hay que cuidar”, explicita.Abeceb mapeó, geográficamente , la tracción sectorial y territorial de 40 proyectos por casi US$100.000 millones del RIGI. Lideran minería y energía, con Neuquén y San Juan a la cabeza por Vaca Muerta, cobre y litio; siguen Salta, Catamarca y Río Negro. Según ese trabajo, con la lupa puesta entre 2025 y 2035, de los US$27.123 millones esperados, el año próximo será el pico de las inversiones que ya tienen aprobación con unos US$8448 millones. Entre este año y el 2028 se concentrará 61% de los desembolsos, con alrededor de US$19.939 millones.InversionesArgentinaMinisterio de Economía