Denuncian una maniobra de Lázaro Báez para quedarse con dos estancias de Santa Cruz que salpica a Néstor Kirchner

Una presentación ante el juez Sebastián Ramos sostiene que detrás de la pérdida de unos 30.000 hectáreas en Santa Cruz hubo una secuencia de negocios ilícitos, créditos sobredimensionados, polémicas decisiones judiciales y presiones políticas. La denuncia menciona a Lázaro Báez, Víctor Manzanares y funcionarios y abogados vinculados al kirchnerismo. También pide investigar el papel que habría tenido Néstor Kirchner. La superficie de la CABA es de 20 mil hectáreas.Se tratad de una vieja disputa familiar por una herencia, un crédito bancario de apenas 90.000 pesos, dos estancias de unas 30.000 hectáreas, una subasta judicial y, varios años después, la aparición de Lázaro Báez como comprador.Esa es la secuencia que una nueva denuncia penal intenta reconstruir ante la Justicia Federal y que podría abrir una investigación sobre una de las operaciones inmobiliarias más llamativas de la Patagonia. Báez llegó a tener 35 estancias, con una superficie mayor a las del italiano Benetton.La presentación fue realizada por Ana Edith Bórquez de Fadul ante el juez federal Sebastián Ramos. La denunciante sostiene que fue despojada de parte del patrimonio familiar y plantea que detrás de esa maniobra pudo existir una cadena de decisiones empresariales, bancarias, judiciales y políticas coordinadas. Bórquez de Fadul se presentó con el asesoramiento letrado de la ex diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y el abogado Federico Bazzan.En el centro de la denuncia aparecen las estancias Río Bote y La Entrerriana, que formaban parte de la explotación agropecuaria de la familia Fadul. Según la presentación, ambos establecimientos funcionaban como una unidad productiva de aproximadamente 30.000 hectáreas.Para más problemas, Río Bote fue incluida por el fiscal Diego Luciani entre las estancias cuyo decomiso solicitó en el juicio Vialidad. La Fiscalía sostuvo que debía decomisarse ese conjunto de propiedades de Báez y sus empresas. Pero Río Bote no fue rematada por orden del TOF 2 en Vialidad. En 2022 fue subastada en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, tramitada ante el Juzgado Comercial N° 28. La subasta fue ordenada antes de que terminara el juicio Vialidad y la estancia fue vendida por unos $39 millones. Mientras que La Entrerriana: también aparece dentro del universo de estancias adquirido por Báez/Austral Agro que fue analizado durante el juicio Vialidad. Sin embargo, no aparece entre las 12 estancias cuyo decomiso pidió expresamente Luciani en su alegato. La lista incluía Río Bote, Cruz Aike, El Campamento, La Porteña, Río Onli, Laguna Asador, etc., pero no La Entrerriana.La denunciante no acusa solamente a Báez. También pide investigar al ex contador de los Kirchner Víctor Manzanares, al abogado Domingo Ortiz de Zárate, a los ex jueces Santiago Lozada y Graciela Drudi de Mau, al ex traficante de armas Diego Palleros padre e hijo y a otros protagonistas de aquella trama.La presentación menciona además a Néstor Kirchner y a Carlos Felipe Fadul, ambos fallecidos, como parte del contexto necesario para reconstruir lo ocurrido. La responsabilidad penal de las personas mencionadas deberá ser determinada, en caso de corresponder, por la investigación judicial.Un conflicto familiar que terminó en una subastaLa historia se remonta a 1987, cuando después de la muerte de José Héctor Fadul sus hijos Héctor José y Carlos Felipe acordaron mediante un laudo arbitral la distribución de la herencia.Carlos Felipe debía recibir una compensación equivalente a 100.000 kilos de lana, pagaderos durante diez cosechas. Pero una sucesión de problemas climáticos y productivos habría impedido cumplir con esa obligación.La deuda creció con las penalidades hasta alcanzar, según la liquidación incorporada a la denuncia, unos 427.320 kilos de lana en marzo de 1998. A valores de entonces, equivalían a unos US$ 726.000.El problema no quedó limitado a una disputa familiar Héctor Fadul conservaba su participación en GUERNICA S.A.A.G.I. y C., sociedad que explotaba Río Bote y La Entrerriana. Cuando fue designado juez de la Cámara Criminal de Santa Cruz, su esposa Ana Edith Bórquez asumió la administración de la empresa y adquirió el 25% de las acciones.Fue entonces cuando apareció otro personaje central de la denuncia: Lázaro Báez.Según Bórquez, las operaciones financieras de la sociedad se realizaban a través del Banco de la Provincia de Santa Cruz. En ese momento, Báez estaba al frente del área vinculada con los créditos agropecuarios. Recién en el 2003, Báez dejó el Banco y se convirtió en un empresario constructor.En 1993, Bórquez viajó a Buenos Aires para buscar financiamiento con el objetivo de diversificar las actividades de la empresa.Según relata en la denuncia, allí conoció a Diego Emilio Palleros, quien le habría sugerido solicitar un crédito de entre 5 y 6 millones de dólares, pese a que la necesidad financiera de la empresa era considerablemente menor.La condición, según la presentación, era conseguir el aval del Gobierno de Santa Cruz.Es decir, del entonces gobernador Néstor Kirchner.Bórquez afirma que Palleros le entregó la tarjeta de su hijo, Diego Palleros, quien residía en Río Gallegos.Unos quince días después, siempre según la denuncia, Báez le preguntó en el Banco de Santa Cruz si la empresa aceptaría los proyectos que le había planteado Palleros.La respuesta fue negativa. Después de ese episodio, la denunciante sostiene que comenzó a modificarse el comportamiento del banco hacia la empresa familiar: reclamos de saldos, pedidos de documentación y exigencias de cancelación anticipada.Y allí aparece otro punto que la Justicia deberá investigar.Los papeles que terminaron en el estudio de un abogado de Kirchner. En julio de 1993, Bórquez concurrió junto con un escribano al estudio contable Manzanares y Montané para recuperar documentación de GUERNICA.Según su relato, los empleados le dijeron que los documentos habían sido enviados ese mismo día al estudio del abogado Domingo Ortiz de Zárate. La denuncia identifica a Ortiz de Zárate como abogado vinculado al entonces gobernador Kirchner. Los documentos, sostiene Bórquez, nunca fueron restituidos. La denunciante considera que ese episodio pudo haber sido una pieza de “una maniobra más amplia y reclama que se reconstruya qué documentación salió de la empresa, quién la recibió y qué utilización tuvo”.El crédito de 90.000 pesos que terminó poniendo en juego miles de hectáreasEn paralelo, la situación financiera de GUERNICA se agravó.Uno de los expedientes judiciales se originó en un crédito otorgado por el Banco de Santa Cruz el 13 de diciembre de 1992 por 90.000 pesos.El préstamo debía pagarse en dos cuotas y tenía intereses del 2% mensual más una cláusula penal.Según la denuncia, una deuda relativamente pequeña terminó comprometiendo una explotación rural de dimensiones enormes.El banco habría rechazado alternativas de refinanciación y finalmente avanzó con la ejecución.En esa ejecución quedaron involucradas las tierras de Río Bote y La Entrerriana.La denunciante sostiene que la deuda terminó multiplicándose y que se llegó al remate de los campos pese a los planteos realizados por la familia.La denuncia introduce en este punto otro episodio especialmente delicado.En 1999, la familia Fadul intentó impedir el remate invocando normas provinciales que protegían las unidades productivas rurales y las leyes de emergencia agropecuaria vigentes en Santa Cruz. Pero fracasó en su intentó.