Cuando los malos impuestos son los más fáciles de cobrar

En la Argentina hay una paradoja tributaria: varios de los impuestos que más distorsionan las decisiones económicas son también los más fáciles de recaudar. Por eso todos coinciden en que deberían reducirse, pero pocos explican cómo reemplazar los recursos que generan. Ese es el verdadero problema de una reforma tributaria. No alcanza con hacer una lista de los impuestos que habría que eliminar. Hay que decir con qué se los sustituye, quién paga y cómo se mantiene el equilibrio fiscal.En 2024 la presión tributaria argentina fue de 27,6% del PBI, superior al promedio de América Latina y el Caribe, de 21,7%, pero inferior al 34,1% de los países de la OCDE. El dato, sin embargo, puede ser engañoso. Con una informalidad laboral superior al 40%, la presión tributaria promedio puede no parecer extraordinaria. Pero la presión sobre los que efectivamente pagan impuestos es otra historia.Durante décadas, cada crisis fiscal dejó algún impuesto nuevo. Muchos nacieron como transitorios y terminaron quedándose. Los ejemplos más claros son el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que recauda alrededor de 1,6% del PBI, y los derechos de exportación, cerca de 1%. A ellos se agrega Ingresos Brutos, que recauda aproximadamente 4% del PBI y es el Ave Fénix de la estructura tributaria argentina: cada vez que se intentó eliminarlo, resurgió de las cenizas. Entre los tres representan unos 6,6 puntos del producto.Son impuestos distintos, pero tienen algo en común: son fáciles de cobrar. El impuesto al cheque se recauda a través del sistema financiero; las retenciones, sobre operaciones que pasan por la Aduana; e Ingresos Brutos grava las ventas y constituye la principal fuente tributaria propia de las provincias.El problema es que esa facilidad recaudatoria tiene costos. El impuesto al cheque encarece el uso del sistema financiero y desalienta la bancarización; Ingresos Brutos se acumula a lo largo de la cadena productiva porque grava las ventas y no el valor agregado; y las retenciones reducen el precio que recibe el exportador.Entonces, ¿por qué no eliminarlos? Porque no hay magia fiscal. Si se elimina un impuesto que recauda un peso, ese peso tiene que aparecer en algún lado: menor gasto, una base más amplia de otros impuestos, menos exenciones o menor evasión. Y estamos hablando de 6,6% del PBI. No existe una fuente alternativa inmediata de esa magnitud.Un lugar para empezar son los impuestos que decidimos no cobrar. El Presupuesto 2027 estima los denominados gastos tributarios —exenciones, tasas reducidas, deducciones y regímenes especiales— en 3,7% del PBI. Esto no quiere decir que eliminarlos permitiría recaudar automáticamente esa cifra. Cambiarían precios, cantidades y comportamientos. Pero muestra que existe un margen importante para revisar tratamientos especiales.El IVA es el ejemplo más claro. Su gasto tributario se estima en 1,33% del PBI, el 36% del total. Las exenciones y tasas reducidas suelen justificarse por razones distributivas, pero también benefician a los hogares de mayores ingresos. En nuestras estimaciones, el decil más pobre concentra apenas el 0,7% del consumo de bienes exentos y el 2,9% de los bienes a tasa reducida. El decil más rico concentra más del 44% del consumo exento y casi el 25% del consumo a tasa reducida.Una alternativa es eliminar tratamientos especiales y devolver parte del IVA efectivamente pagado a las personas de menores ingresos. La pregunta es sencilla: para ayudar a una familia pobre, ¿es necesario subsidiar también el consumo del mismo producto de una familia rica?Ganancias presenta el problema inverso: son pocos los que pagan. Los contribuyentes activos representan alrededor del 5% de la población argentina, frente a cerca del 22% en Brasil, 56% en Chile y 63% en México. Parte de la explicación está en el mínimo a partir del cual se comienza a pagar. En la Argentina, para el ejercicio 2024, equivalía a 1,62 veces el PBI per cápita, frente a 0,4 veces en promedio en los países de la OCDE. Ampliar la base no significa necesariamente aumentar las alícuotas. Un impuesto con más contribuyentes, menos tratamientos diferenciales y una escala progresiva puede recaudar más sin concentrar toda la carga en un grupo reducido.El Monotributo también merece una revisión. Entre 2012 y 2025 la cantidad de monotributistas aumentó alrededor de 65%, mientras que el empleo asalariado privado registrado prácticamente no creció. Hoy representan casi una cuarta parte de los aportantes al sistema previsional. Para determinados niveles de ingreso, el costo de aportes y contribuciones de un asalariado puede superar en más de ocho veces al de un monotributista. Y hay otra paradoja: mientras aumentó fuertemente la cantidad de monotributistas, la recaudación del régimen cayó de 0,15% del PBI en 2012 a sólo 0,08% en 2025. Un régimen pensado como puente hacia la formalidad corre el riesgo de haberse convertido en un destino permanente.Ingresos Brutos muestra hasta dónde llega la dificultad de una reforma. Recauda cerca de 4% del PBI y genera aproximadamente cuatro de cada cinco pesos de los impuestos provinciales. Reemplazarlo exige decidir no sólo cuál será el nuevo impuesto, sino quién lo cobrará y cómo se distribuirán sus recursos. Un IVA provincial o cualquier otra alternativa requiere un acuerdo federal y una transición que preserve los recursos y la autonomía tributaria de las provincias.Algo parecido ocurre con los impuestos al trabajo. Los aportes y contribuciones a la seguridad social recaudan más de 5,6% del PBI y representan alrededor del 35% del costo laboral. Bajarlos puede reducir el costo de la formalidad, pero esos recursos financian las jubilaciones. Si se reducen sin discutir al mismo tiempo cómo se financia el sistema previsional, el problema simplemente cambia de lugar.Los números muestran la dificultad, pero también un posible camino. Tenemos 6,6 puntos del PBI provenientes de tres impuestos muy cuestionados. Al mismo tiempo hay 3,7 puntos de gastos tributarios, una base muy reducida del impuesto a la renta personal, un Monotributo con enormes diferencias respecto del régimen general, una informalidad laboral superior al 40% y una elevada evasión.Por supuesto, estas cifras no pueden sumarse mecánicamente. Pero muestran algo importante: una reforma tributaria no consiste simplemente en bajar impuestos. Hay que discutir qué impuestos reducir, qué bases ampliar, qué exenciones conservar, cómo incorporar más contribuyentes y, también, qué nivel de gasto público se quiere financiar.Y la secuencia importa. Reducir los impuestos más distorsivos requiere recursos alternativos y equilibrio fiscal. Reemplazar Ingresos Brutos exige un acuerdo con las provincias. Bajar impuestos al trabajo obliga a discutir el sistema previsional. Modificar Ganancias y Monotributo requiere transiciones graduales.La Argentina pasó muchos años resolviendo crisis fiscales con impuestos de emergencia. La emergencia pasó y los impuestos quedaron.El desafío es hacer ahora el camino inverso: reemplazar gradualmente impuestos fáciles de cobrar pero costosos para la economía por una estructura con bases más amplias, menos excepciones y reglas más simples, sin volver a generar el desequilibrio fiscal que les dio origen.Los autores son economistas del CEFIP (Centro de Estudios en Finanzas Públicas) de la Universidad de La Plata