AMIA: la Cámara Federal define si confirma los procesamientos de iraníes y libaneses procesados y se acerca más el juicio en ausencia

La decisión del régimen iraní de considerar "terroristas" a la Fuerza Aérea y la Armada como "reciprocidad" por la decisión del gobierno de darle ese carácter a la Guardia Revolucionaria tiene como telón de fondo: la cada vez más cerca elevación a juicio oral a los iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA. Y el hecho de que uno de los acusados Mohsen Rezai fue excomandante de la Guardia Revolucionaria,La defensa oficial de los ocho iraníes y libaneses acusados de organizar y ejecutar el atentado contra la AMIA apeló el mes pasado los procesamientos dictados por el juez federal Daniel Rafecas y ahora la Cámara Federal deberá revisar la resolución antes de fin de mes. Por lo pronto, convocó a una audiencia a las partes para el 24 de noviembre. Así el primer juicio en ausencia podría empezar a mediados del año próximo.El defensor oficial Hernán Silva presentó los recursos contra los procesamientos por el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos, 151 heridos y graves daños materiales en la sede de la mutual judía.La Sala I de la Cámara Federal de Buenos Aires, integrada para este caso por los jueces Mariano Llorens y Pablo Yadarola, fijó una audiencia para el próximo 24 de noviembre para tratar las apelaciones y después estará en condiciones de resolver. Si la cámara confirma, el fiscal de la AMIA, Sebastián Basso, pedirá la elevación a juicio oral al toque, según fuentes judiciales consultadas por Clarín.La decisión de los camaristas será clave para determinar si la causa puede avanzar hacia el primer juicio oral en ausencia contra los principales acusados de planificar y ejecutar el atentado terrorista más grave de la historia argentina.El fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, y una querella de familiares de las víctimas representada por el abogado Tomás Farini Duggan también apelaron las faltas de mérito dictadas por Rafecas en favor de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.Ambos están investigados por su presunta vinculación con la estructura de Hezbollah que habría participado en la preparación del ataque. La fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar en su situación procesal y elevar el caso a juicio oral y público.El 21 de septiembre pasado, Rafecas había procesado a siete iraníes y un libanés en una resolución de más de 600 páginas, en la que reconstruyó la planificación y ejecución del atentado.El magistrado también dispuso embargos de 500 millones de dólares sobre los bienes de cada uno de los ocho acusados y consideró que el ataque constituye un crimen de lesa humanidad.La resolución se dictó mediante la aplicación de la Ley 27.784 de Juicio en Ausencia, que permite avanzar con el proceso penal aunque los imputados permanezcan prófugos en el extranjero.La Cámara Federal de Casación Penal dejó habilitada la aplicación de ese mecanismo en la causa AMIA al rechazar los cuestionamientos pendientes de la defensa sobre la nueva legislación.Posteriormente, en octubre, Casación declaró inadmisible por mayoría un recurso extraordinario de la defensa que pretendía llevar la discusión a la Corte Suprema, aunque todavía quedaba abierta la posibilidad de presentar una queja.El nuevo sistema garantiza que los acusados cuenten con defensores oficiales y las demás garantías del debido proceso, pese a que no se presenten personalmente ante los tribunales argentinos.De esta manera, la decisión de los imputados de permanecer fuera del alcance de la Justicia argentina dejó de ser un obstáculo absoluto para avanzar hacia un eventual juicio oral.Cómo se preparó el atentadoEn su resolución, Rafecas reconstruyó los movimientos de los terroristas durante los días previos al ataque contra la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.Según el fallo, los integrantes de la organización compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994 y posteriormente la acondicionaron para utilizarla como coche bomba.El vehículo fue cargado con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT, una combinación de explosivos utilizada para provocar la destrucción del edificio.El viernes 15 de julio, alrededor de las 18, la camioneta fue dejada en un estacionamiento público situado a cuatro cuadras de la mutual judía.Los terroristas aguardaron hasta la mañana del lunes 18, cuando el edificio registraba una importante concurrencia de empleados, socios y visitantes, para concretar el ataque.La explosión destruyó gran parte de la sede de la AMIA y provocó una de las mayores tragedias de la historia argentina.Sobre la base de las pruebas reunidas por la Unidad Fiscal AMIA, Rafecas sostuvo que la decisión de cometer el atentado había sido adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní.La ejecución fue encomendada a Hezbollah, la organización proiraní con sede en el Líbano, que habría organizado el ataque mediante una red de apoyo regional y local.Esa estructura tenía una de sus principales bases operativas en la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, en Paraguay; Foz de Iguazú, en Brasil, y Puerto Iguazú, en la Argentina.El juez calificó los hechos como homicidios y lesiones agravados por odio racial o religioso y por la utilización de un medio capaz de provocar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.También sostuvo que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadró en la figura de genocidio, conforme a su interpretación del derecho internacional.Los ocho procesados y sus responsabilidadesRafecas procesó como autores mediatos a cuatro exfuncionarios que ocupaban cargos de máxima responsabilidad en las estructuras políticas, militares y de inteligencia del régimen iraní de aquel entonces.Se trata de Alí Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien dirigía la Fuerza Al Quds.Según la resolución, los cuatro participaron desde sus respectivos cargos en la decisión y organización del atentado y proporcionaron los medios necesarios para que los integrantes de Hezbollah pudieran concretarlo.El magistrado también procesó como cómplices necesarios a otros tres iraníes vinculados con la representación diplomática y las estructuras de inteligencia de ese país en la Argentina.Son Hadi Soleimanpour, exembajador iraní en Buenos Aires; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.Rafecas les atribuyó haber realizado aportes esenciales al plan criminal desde la estructura diplomática y la red local iraní, que habrían permitido preparar y facilitar la ejecución del ataque.El octavo procesado es el libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, señalado como un jefe del sector internacional del Hezbollah y responsable de coordinar la etapa final del atentado.Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar, al considerar que las pruebas reunidas no alcanzaban para procesarlos ni para sobreseerlos.La fiscalía y una de las querellas cuestionaron esa decisión, por lo que la Cámara Federal también deberá pronunciarse sobre la situación de ambos imputados.La conexión con otro atentado en PanamáUna de las conclusiones de la resolución de Rafecas es que el ataque contra la AMIA habría sido coordinado con otro atentado contra integrantes de la comunidad judía, cometido al día siguiente en Panamá.Esta posible conexión ya había sido investigada por el exjuez federal Juan José Galeano y los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia durante la primera etapa de la causa AMIA.El 19 de julio de 1994, un avión comercial explotó en pleno vuelo como consecuencia de un ataque suicida. Murieron sus tres tripulantes y 17 pasajeros, entre ellos 12 integrantes de la comunidad judía local.Según Rafecas, ambos atentados fueron reivindicados conjuntamente cuatro días después por Hezbollah desde el Líbano, mediante una denominación de cobertura conocida como Ansar Allah.La investigación del ataque en Panamá continúa abierta y las autoridades judiciales de ambos países intercambiaron información para establecer las conexiones entre los dos hechos terroristas.El magistrado consideró que esos elementos refuerzan la hipótesis de una planificación internacional y coordinada de ataques contra objetivos vinculados con comunidades judías.La posible conexión con el atentado a la Embajada de IsraelRafecas también dispuso darle intervención a la Corte Suprema de Justicia para analizar una posible conexión entre el atentado contra la AMIA y el ataque a la Embajada de Israel, ocurrido en Buenos Aires en 1992.La medida fue adoptada a partir de un dictamen de la Unidad Fiscal AMIA, encabezada por Sebastián Basso, que señaló que ambos atentados habrían sido ejecutados por Hezbollah.La investigación por la voladura de la Embajada de Israel, que provocó 22 muertos, tramita directamente ante la Corte Suprema, por lo que corresponde analizar una eventual conexidad entre ambos expedientes.La decisión que deberá tomar la Cámara FederalLa audiencia convocada para el 24 de noviembre será un paso importante para determinar si los ocho procesamientos dictados por Rafecas quedan confirmados o deben ser modificados.La defensa oficial de Hernán Silva cuestionó los procesamientos, mientras que la fiscalía y una querella reclamaron que se revise la falta de mérito de otros dos acusados.Si la Cámara confirma los ocho procesamientos, el juzgado podrá avanzar con las vistas correspondientes a la fiscalía, las querellas y la defensa para completar los trámites previos a la elevación a juicio.Posteriormente, el expediente podrá ser enviado a uno de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, que deberá juzgar las responsabilidades atribuidas a los acusados.Ese es el objetivo central de la Ley de Juicio en Ausencia: permitir que la Justicia argentina avance hacia una sentencia sin que la permanencia de los acusados en el extranjero paralice el proceso.A más de 32 años del atentado contra la AMIA, la resolución de la Cámara Federal será determinante para establecer si los principales acusados de la masacre finalmente pueden ser sometidos a un juicio oral en ausencia.