Amenazas a la privatización de AySA

La privatización de AySA, la empresa a cargo de los servicios de agua corriente y cloacas del área metropolitana, entró en su fase final luego de la adjudicación al participante que ofreció el precio más alto. La venta comprende el 90% del capital accionario perteneciente al Estado, continuando el 10% restante en manos del personal por el régimen de propiedad participada. La empresa dispondrá de una concesión por 30 años extensible a otros 10. La apertura de los sobres con el precio cotizado abarcó solo dos oferentes que ya habían cumplido con las condiciones técnicas exigidas. Para participar se debía contar con experiencia durante al menos cinco años dentro de los últimos diez en la operación de servicios de agua potable y desagües cloacales en un centro urbano de un mínimo de 500.000 usuarios. También se requería un patrimonio neto consolidado de al menos 300 millones de dólares. El hecho de que solo hayan competido dos oferentes, aunque más de diez operadores habían manifestado interés, pone en claro la dificultad que subsiste para recuperar el nivel de confianza y la seguridad jurídica que demanda cualquier inversor para ingresar en un servicio público de un país con una densa historia de incumplimientos. Justamente el de Aguas Argentinas, reestatizada en 2006 y continuada como AySA, fue uno de ellos. Después de su expropiación, la empresa extranjera Suez presentó un reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que terminó en 2015 en un fallo contra el gobierno argentino.La reciente adjudicación recayó en el consorcio integrado por las empresas Rowing SA, del empresario Walter Román; Transclor, de Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participacao, operadora del sistema de agua y saneamiento de Río de Janeiro, y el fondo neerlandés PHX, por un precio ofrecido de 340,2 millones de dólares. El otro oferente está liderado por la empresa Roggio, constructora y operadora del sistema de aguas de la ciudad de Córdoba. Su oferta fue de 285 millones de dólares. El pliego no establecía un precio base, aunque la expectativa oficial rondaba los 500 millones de dólares, un monto similar al de la condena del Ciadi por la expropiación anterior. No se logró este valor y, además, quedarán como irrecuperables los cuantiosos subsidios y aportes de capital que AySA requirió del Estado durante los últimos veinte años debido a su ineficiencia, corrupción y falta de ajustes tarifarios.El comprador deberá asumir un pasivo financiero de 70 millones de dólares y se compromete a realizar inversiones por 1940 millones de dólares en los próximos cinco años y de unos 15.000 millones durante toda la concesión. Las metas comprenden una expansión de la cobertura territorial, la renovación de infraestructura y del equipamiento. Para 2031 AySA deberá tener un nivel de cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, y al finalizar el período inicial de concesión deberá llegar al 90% y 75%, respectivamente.El proceso de licitación para la privatización de AySA ha seguido un curso correcto y la adjudicación tiene suficiente apoyo en la diferencia de los precios cotizados. Este proceso se compara ventajosamente con el aplicado para la Hidrovía, en el que la adjudicación terminó sustentándose en parámetros cualitativos y no en las ofertas económicas. Si cabe una observación en la licitación de AySA es que solo hayan participado dos consorcios y que su integración muestre un colorido de “especialistas en mercados regulados”. Pero esto no debe adjudicarse al actual gobierno sino a una historia del país que en esta gestión se intenta modificar. La empresa Transclor, cuyo principal accionista es Filiberti, es el principal y tradicional proveedor de cloro de AySA. Se lo suele referir como “el rey del cloro”. Está asociado con Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor y en otras compras recientes.Realizada la adjudicación, la privatización de AySA se ha topado con un nuevo escollo. Varios legisladores peronistas, entre los que se encuentran Jorge Capitanich y Florencia Carignano, han solicitado una medida cautelar para suspender la privatización hasta que se conozca su “tasación oficial e íntegra”. Su iniciativa responde a una razón ideológica y de oportunidad política e intenta vestir de objeción técnica una acción destructiva. Han elegido un argumento que pretende ser metodológico y que presentan como sospechoso, pero cometen un error y evidencian ignorancia en cuestiones de empresas y finanzas. Alegan que el precio de esta privatización no resguarda el interés público y que no se realizó una tasación por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se solicitó a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Señalan como una manipulación que se haya realizado la valuación según el valor descontado del flujo neto de fondos proyectado y no por la tasación de los bienes de la empresa. Demuestran así ignorar, deliberadamente, cómo se valúa para su venta una empresa en marcha y destinada a seguir operando y no al desguace. Es justamente como se hizo y como los legisladores aducen que fue incorrecto. Es de esperar que la Justicia no comparta la misma ignorancia de los denunciantes y que se concrete finalmente la privatización de AySA.