A un día del inicio del juicio, Casación dejó firme los embargos de Hotesur y Los Sauces, en el marco del decomiso de Vialidad

A horas del inicio del juicio oral y público por los casos Los Sauces y Hotesur, donde los principales acusados son Cristina y Máximo Kirchner, la Cámara de Casación dejó firme los embargos preventivos ordenados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la condena del caso Vialidad. La medida cautelar se dictó en el marco del segundo pedido de decomisos para cubrir los 685.000 millones de pesos, fijados como el fraude cometido.Máximo y Florencia Kirchner apelaron ante la Cámara Federal de Casación la resolución del TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a través de la cual ordenaron un embargo preventivo sobre las empresas familiares.La medida fue adoptada tras un segundo pedido de bienes a decomisar que formuló el fiscal general, Diego Luciani, con el fin de recuperar el producido del delito.El decomiso del caso Vialidad tiene como premisa, establecida por el Tribunal, que todos aquellos bienes que los nueve condenados incorporaron a sus respectivos patrimonios entre 2003 y 2015 -cuando se desarrolló la maniobra defraudatoria-, son factibles de ser decomisados.En el caso de Los Sauces SA, la firma inmobiliaria, fue constituida por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en 2006. En tanto, la compañía hotelera y dueña del Alto Calafate fue adquirida a comienzos de 2008. Los bienes que poseen ambas empresas deben ser decomisados, según el fiscal Luciani.Por ese motivo se dictó un embargo preventivo. Ante la oposición de los hijos de la expresidenta, quienes heredaron las empresas en junio de 2016, el máximo tribunal penal consideró que el reclamo -por la vía extraordinaria, para que sea tratado por la Corte-, era inadmisible. De todos modos, podrán ir en queja ante el máximo tribunal.La Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con un voto dividido, consideraron que el recurso extraordinario federal interpuesto por Máximo y Florencia Kirchner crecía de sustento jurídico.Los hijos de la ex mandataria buscaban dejar sin efecto los embargos ordenados respecto a los inmuebles pertenecientes a las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., en el marco de la ejecución patrimonial de la condena dictada en la causa Vialidad.Hay que recordar, que la primera tanda de bienes a decomisar, 111 en total y donde se incluyen 29 propiedades escrituradas a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, está pendiente de ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.En tanto, este segundo planteo está aún tramitando en el TOF 2. La fiscalía pidió avanzar sobre más bienes muebles e inmuebles de la familia Kirchner e incluso, se reclamó el decomiso de los 5,5 millones de dólares que pertenecen a Florencia Kirchner.El listado incluye al hotel Alto Calafate -propiedad de Hotesur SA-, San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple el arresto domiciliario por la condena del caso Vialidad. Ese departamento es propiedad de Los Sauces SA.Es aún más amplia la cantidad de bienes identificados: el chalet de Río Gallegos, la casa de El Calafate, los departamentos de Puerto Madero, entre otros.La decisión de la Casación se inscribe en la ejecución de la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, el TOF 2 lleva adelante las actuaciones destinadas a hacer efectivo el decomiso, cuyo monto fue actualizado en $684.990.350.139,86.En ese contexto, el tribunal oral dispuso, el pasado 11 de agosto, el embargo preventivo de trece propiedades pertenecientes a Hotesur y Los Sauces, sociedades cuyos accionistas son Máximo y Florencia Kirchner, hasta tanto se resuelva si corresponde su decomiso definitivo.La familia Kichner cuestionó la legalidad y proporcionalidad de las medidas. El recurso sostenía que los inmuebles “pertenecen a sociedades con personalidad jurídica propia, que ni estas ni sus accionistas fueron condenados en la causa Vialidad y que los embargos, dispuestos sin un monto determinado, afectan gravemente su derecho de propiedad y el normal desenvolvimiento comercial de las empresas”.El máximo tribunal penal, ya se había pronunciado al respecto en otro fallo, señalando que los embargos “constituían medidas cautelares que no revestían carácter de sentencia definitiva y que no se había demostrado un agravio de imposible reparación ulterior ni una cuestión federal suficiente para habilitar la revisión”.Frente a esa decisión, los representantes de Máximo y Florencia Kirchner interpusieron un recurso extraordinario federal con el propósito de llevar la controversia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.En la resolución de este jueves, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña -quienes conformaron el voto mayoritario-, consideraron que el recurso extraordinario “no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema”.Bajo esa misma línea, expresaron que la resolución cuestionada se refería a embargos preventivos y no a un decomiso definitivo, y que los recurrentes “no habían acreditado un perjuicio irreparable que permitiera equiparar la decisión a una sentencia definitiva”.Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia y propuso conceder el recurso extraordinario, al considerar que la afectación de bienes pertenecientes a sociedades cuyos accionistas no fueron condenados justificaba la revisión de los planteos ante la Corte Suprema.Cabe recordar que, anteriormente, la misma Sala IV había rechazado una queja presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra los embargos sobre esos mismos inmuebles, al concluir que tampoco se encontraban reunidos los requisitos para habilitar la intervención de Casación.